Resumen: Se desestima el recurso de reposición interpuesto por Bodegas Condado de Haza, S.L., contra la resolución de 29 de noviembre de 2021 por la que se declara el incumplimiento total de la ayuda y pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida por un importe máximo de 182.446,78 euros. El motivo que determina el incumplimiento se centra en entender que en el plazo legalmente establecido no aportó la documentación y aclaraciones requeridas para subsanar las deficiencias detectadas en la solicitud de pago y otros documentos registrados en la misma, indicándose expresamente que en el caso de que dicho requerimiento no fuera atendido se tendría por desistida su petición de pago de subvención concedida. El recurrente en nuestro caso no podido inscribir la afección de la finca a la subvención en el Registro de la propiedad , que lo regulado y previsto no es un aval o garantía bancaria sino la inscripción en el registro de la propiedad, y esta garantía, que se exige como requisito para conceder la subvención, es la que está prevista en las bases reguladoras y en la resolución de concesión concreta de esta subvención y no puede ser sustituida, alterada o adaptada a las necesidades y voluntad del beneficiario.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si es posible iniciar un nuevo procedimiento sancionador y dictar un nuevo acuerdo sancionador, a la vista del principio prohibitivo del bis in ídem en su vertiente procedimental, en los casos en que se ha anulado un primer acuerdo sancionador, no por la concurrencia de vicios propios o inherentes, sino como consecuencia de la anulación, por motivos formales, de la liquidación de la que dimana la sanción, sin que se hayan analizado ni considerado otros motivos para anular el primer acuerdo sancionador.
Resumen: El objeto del recurso lo constituye la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero, que declara a la entidad municipal recurrente responsable de una infracción leve administrativa del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y le impone la sanción de multa de 700 euros, a la vez que se le requiere para que solicite de forma inmediata la concesión del aprovechamiento, así como la legalización de la obra. Se emitió informe por la Guardería Fluvial sobre unas obras consistentes en tendido de una nueva tubería que discurre paralela a la actual tubería de abastecimiento con cruce subterráneo del arroyo los Vallejos y del Arroyo las Olmedas. El autor del informe técnico ya recogía en el mismo que las obras fueron conocidas por la administración, porque a fecha de 2 de diciembre de 2019 estaban iniciadas, cuestión esta que nos permite entrar en el examen de la prescripción alegada. El art. 132 de la Ley 30/1992 LRJAP establecía en su número 1 un plazo de prescripción para las infracciones leves de "seis meses". Esto ahora también se dispone en el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En consecuencia hasta el día 13 de agosto de 2021 (fecha en la que se notifica al Ayuntamiento el acuerdo de incoación), ha transcurrido el plazo de "seis meses" establecido para la prescripción de las infracciones leves.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, en casos como el ahora contemplado, concurren los requisitos relativos al derecho al reexamen de la declaración de culpabilidad en materia de derecho sancionador, de conformidad con los criterios establecidos por el TEDH [entre otras, sentencias de 8 de junio de 1976, asunto Engel (y otros c. Países Bajos (5.100/71) y de 30 de junio de 2020, asunto Saquetti Iglesias c. España (50.514/13] y con la doctrina fijada al respecto por el Tribunal Supremo.
Resumen: De conformidad con lo dispuesto en la STC 182/2021, de 26 de octubre, las liquidaciones provisionales o definitivas por Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dictarse dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser impugnadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la misma, al igual que tampoco podrá solicitarse con ese fundamento la rectificación, ex art. 120.3 LGT, de autoliquidaciones respecto a las que aun no se hubiera formulado tal solicitud al tiempo de dictarse la STC 26 de octubre de 2021.
Resumen: Alcance de las potestades de comprobación. Tras la modificación introducida en el artículo 115 de la Ley General Tributaria por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, la Inspección puede calificar como simulado un negocio jurídico celebrado en un ejercicio prescrito durante la vigencia de la Ley General Tributaria de 1963, pero cuyos efectos se proyectan en ejercicios no prescritos.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso de casación con remisión a la doctrina fijada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establecida en la sentencia de 8 de junio de 2023 (asunto C-50/21) ya que cabe entender que la limitación genérica de autorizaciones VTC/Taxis en la proporción de 1/30 no vulnera el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea porque no supone una ayuda implícita del Estado al sector del taxi, y que la limitación de autorizaciones en la mencionada proporción VTC/Taxis es contraria a la libertad de establecimiento del artículo 49 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea salvo que se haya acreditado, por un lado, que la medida limitativa es apropiada o idónea para conseguir los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y de protección del medio ambiente, y, por otro, que es proporcionada para alcanzar estos objetivos. Ahora bien, dicha anulación del acto denegatorio no pueda suponer la concesión de las mil autorizaciones VTC solicitadas por la mercantil recurrente y denegadas por la Administración de la Comunidad de Madrid.
Resumen: Según el auto de admisión del recurso de casación, la cuestión de debía resolver la Sala consistía, en definitiva, en decidir si la regla de proporcionalidad 1 VTC/30 Taxis vulneraba los artículos 49 (libertad de establecimiento) y 102 y 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (ayudas de Estado). Pues bien, esta cuestión está decidida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia 8 de junio de 2023 (asunto C-50/21), órgano competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación del Tratado ( art. 267 TFUE), por lo que es suficiente con remitirse a los apartados 1 y 3 de la parte dispositiva de aquella resolución, transcritos en el fundamento de Derecho segundo de la sentencia, para ofrecer una respuesta a la cuestión de interés casacional, y que consiste en que la limitación genérica de autorizaciones VTC/Taxis en la proporción de 1/30 no vulnera el art. 107 TFUE porque no supone una ayuda implícita del Estado al sector del taxi. Y la limitación de autorizaciones en la mencionada proporción VTC/Taxis es contraria a la libertad de establecimiento del art. 49 del TFUE salvo que se haya acreditado, por un lado, que la medida limitativa es apropiada o idónea para conseguir los objetivos de buena gestión del trasporte, del tráfico, del espacio público y de protección del medio ambiente, y, por otro, que es proporcionada para alcanzar estos objetivos.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si el derecho a no declarar contra sí mismo puede ejercitarse en el período de Información reservada, previo al posible inicio de un procedimiento sancionador disciplinario.
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar, en complemento de la jurisprudencia contenida en las sentencias de 23 de septiembre de 2020 (rec. 2839/2019) y de 20 de noviembre de 2023 (rec. 1517/2022) si, frente a un acuerdo sancionador por la comisión de una infracción del artículo 192 de la Ley General Tributaria, pueden oponerse, administrativa y judicialmente, cualesquiera motivos jurídicos determinantes de su nulidad, no sólo los directamente imputables a tal acto, sino incluidos aquellos que forman parte del presupuesto de hecho de otros actos anteriores, como el de liquidación, que han quedado firmes por no haber sido recurridos por el interesado.
